La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime una reforma que tipifica el reclutamiento para actividades criminales como un delito, estableciendo penas de prisión para quienes incorporen a personas en organizaciones delictivas, con la finalidad de cerrar lagunas legales y fortalecer la defensa de las víctimas.
El dictamen fue aprobado con 419 votos a favor y modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capturen, induzcan o recluten individuos para formar parte de grupos criminales o involucrarse en actos ilícitos.
Según la reforma, las personas que incurran en este delito enfrentarán penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que van de 5 mil a 50 mil días. Si el reclutamiento se lleva a cabo mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, con multas de 10 mil a 80 mil días.
Un aspecto fundamental establece que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado sin importar las circunstancias en las que fueron captados, buscando así reforzar la protección de los menores contra las redes criminales.
La reforma también prevé que las autoridades puedan iniciar investigaciones de oficio sobre estos casos, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, debido a que muchas personas reclutadas están sometidas a amenazas, intimidación o control por parte de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de diversos partidos políticos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas laborales y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.
Una vez aprobada en San Lázaro, la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún debe completarse el trámite correspondiente para que estas nuevas disposiciones entren en vigor.
