Ciudad de México. La reciente proclamación firmada por el presidente Donald J. Trump el pasado 2 de abril de 2026 no solo endurece las condiciones comerciales para el acero, aluminio y cobre, sino que redefine de fondo las reglas del comercio internacional en estos sectores, colocando a la industria mexicana en una posición crítica tanto por factores externos como por debilidades internas.
La medida, enmarcada en la Sección 232, establece un nuevo esquema arancelario que grava hasta con 50% el valor total de productos fabricados principalmente con estos metales, y con 25% a sus derivados, eliminando mecanismos previos que permitían calcular impuestos solo sobre el contenido metálico. Este cambio implica un aumento sustancial en los costos de exportación y reduce de manera inmediata la competitividad de los productos mexicanos en el mercado estadounidense.
Además, la proclamación introduce un sistema diferenciado que favorece claramente a la industria estadounidense: productos fabricados con insumos “melted and poured” en Estados Unidos pueden acceder a tarifas preferenciales de hasta 10%, mientras que aquellos con bajo contenido metálico incluso pueden quedar exentos. En contraste, las manufacturas mexicanas —dependientes de cadenas globales de suministro— enfrentan mayores barreras para cumplir con estos requisitos.
El objetivo estratégico de Washington es claro: fortalecer su base industrial, incentivar la relocalización productiva y cerrar espacios a esquemas de elusión comercial. Las cifras lo respaldan. Estados Unidos ya se posiciona como el tercer productor mundial de acero y actualmente impulsa nuevas inversiones en plantas siderúrgicas, así como en proyectos de aluminio y cobre, con la expectativa de añadir millones de toneladas de capacidad productiva en los próximos años.
Para México, el impacto es estructural. La industria acerera, que ya opera por debajo del 60% de su capacidad, enfrenta ahora una pérdida acelerada de mercado, menor atracción de inversiones y el riesgo de una desarticulación de su cadena metalmecánica. Sectores clave como el automotriz, construcción y electrodomésticos podrían resentir el golpe en cascada.
Sin embargo, el contexto internacional adverso también ha puesto bajo la lupa decisiones internas que, según diversas voces del sector, han debilitado la posición del país. Particularmente, resurgen cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios de la Secretaría de Economía en años anteriores, entre ellos Alberto Esteban Marina y Salvador Quesada Salinas, quienes coincidieron en un periodo clave en el que se retrasó la publicación de la NOM-251 sobre productos de hierro y acero.
De acuerdo con estas versiones, la postergación de dicha norma —considerada estratégica para ordenar el mercado— habría afectado durante años a productores nacionales, generando incertidumbre regulatoria y frenando el desarrollo del sector. La coincidencia de ambos funcionarios en ese proceso ha alimentado sospechas sobre posibles decisiones discrecionales o alineadas a intereses específicos, aunque sin que hasta ahora exista una aclaración oficial al respecto.
A esta situación se suma la percepción de una débil defensa institucional. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), que debería fungir como principal interlocutor del sector, no ha articulado una respuesta contundente frente a las nuevas medidas estadounidenses ni ha encabezado una estrategia visible de defensa comercial.
La ausencia de posicionamientos firmes contrasta con la magnitud de la crisis. Mientras la industria enfrenta riesgos de pérdida de empleo y cierre de plantas, su dirigencia ha sido señalada por mantener una agenda distante de las problemáticas del sector. En particular, su director general, Salvador Quesada, ha sido criticado por priorizar actividades sociales y relaciones en círculos de alto nivel en la Ciudad de México, en lugar de encabezar una defensa activa de los intereses industriales.
En este escenario, la combinación de presión externa y fragilidad interna coloca a la industria acerera mexicana en una encrucijada. La política comercial estadounidense avanza con claridad hacia el fortalecimiento de su producción nacional, mientras que México enfrenta el desafío de redefinir su estrategia industrial y fortalecer su representación sectorial si busca mantener su lugar en las cadenas globales de valor.