El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que durante la manifestación del domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos protestaron por la mala calidad del agua en sus hogares, se empleó fuerza excesiva y se realizaron detenciones injustas. El mandatario reconoció que el operativo policial tuvo fallas graves y que la situación se desbordó.
Después de analizar numerosos videos de lo ocurrido frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Lemus aceptó que algunos policías cometieron excesos durante la protesta. También admitió que los manifestantes no debieron ser dispersados con chorros de agua ni con gas.
El gobernador informó que todas las personas detenidas durante la jornada fueron liberadas. Según los informes, 39 personas fueron arrestadas tras los incidentes, en una manifestación originada por el descontento ciudadano debido al suministro de agua turbia, con olores desagradables y supuestos indicios de contaminación.
Lemus anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos y definir posibles sanciones contra los policías involucrados. Este procedimiento contará con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de determinar responsabilidades y asegurar la reparación del daño a los afectados.
El reconocimiento del mandatario llegó tras las críticas por las detenciones y la actuación policial, así como por los reclamos de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos respecto al trato a los manifestantes. El caso también generó presión política para que las autoridades estatales aclararan lo sucedido.
Asimismo, el gobernador garantizó que los abusos cometidos por agentes no quedarán impunes y enfatizó que su administración debe evitar que eventos similares se repitan. La investigación determinará el nivel de responsabilidad de cada policía señalado.
En medio de la polémica, Lemus defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y rechazó que dicha iniciativa suponga privatizar el servicio de agua potable, contraer deuda pública o incrementar las tarifas para los usuarios.
