Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, lideró la ceremonia de apertura del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, Morelos, una instalación que requirió una inversión de 715 millones de pesos y que ofrecerá atención médica a más de 200 mil personas en la región.

En el evento inaugural, la mandataria federal destacó que el acceso a la salud debe ser garantizado como un derecho universal y no como un privilegio que dependa de la situación económica de los individuos.

“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho. Nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, entonces la salud se convierte en un privilegio. El gobierno tiene una obligación y es darle salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención posible”, declaró.

El nuevo hospital tiene 66 camas, 18 consultorios, y tres quirófanos, incluido uno inteligente, lo que lo posiciona como una unidad de mediana complejidad capaz de realizar procedimientos quirúrgicos especializados. Esta infraestructura tiene como objetivo mejorar la atención médica pública en la zona metropolitana de Cuernavaca, especialmente en Jiutepec, que es uno de los municipios más industrializados y con mayor población trabajadora en Morelos.

En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Sheinbaum recordó que ya se han inaugurado 29 hospitales en diversas entidades del país. Además, el plan incluye la edificación de infraestructura adicional que aportará 9 mil 139 camas al sistema de salud pública.

El IMSS Bienestar, que se encarga de atender a personas sin acceso a seguridad social, forma parte de la estrategia del gobierno federal para ampliar la cobertura médica gratuita. En este contexto, el hospital de Jiutepec fortalecerá la red de servicios de salud en Morelos, donde la demanda de atención médica se mantiene alta debido a la densidad poblacional de la región.

La presidenta enfatizó que la construcción de hospitales y el fortalecimiento de la infraestructura de salud son una obligación del Estado y no una concesión política, argumentando que asegurar servicios médicos dignos es una responsabilidad pública esencial.