Renuncia Guadalupe Taddei: ¿quién le devuelve la confianza al INE?

Por Salvador Navarro

En junio de 2027 votaré en una elección federal organizada por un instituto que hoy atraviesa la peor crisis de credibilidad de su historia. En pleno proceso electoral 2026-2027, los señalamientos de presunta corrupción contra Guadalupe Taddei Zavala y su entorno han golpeado a una institución fundamental para la democracia mexicana. Según documentaron Érika Hernández y Rolando Herrera en el periódico Reforma, Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidenta del INE, figura desde 2023 como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de material electoral; y esa misma empresa y Cajas Graf tuvieron como representante legal a Jesús Octavio García González, a quien Taddei puso al frente de la Dirección de Administración del INE en septiembre de 2025 y quien dejó el cargo en abril de 2026 en medio de denuncias por posible conflicto de interés. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre las contrataciones del instituto. Así el INE nuestra máxima casa de la democracia en el país.

A mi juicio, la llegada de Taddei respondió a una lógica de captura política de una institución que es patrimonio de las y los mexicanos. El INE contribuyó a construir la todavía corta experiencia democrática de este país, la misma en la que mi generación nació y creció. Era, y sigue siendo, una institución perfectible, con enormes áreas de mejora. Sin embargo, bajo la conducción de Taddei perdió presencia y autoridad pública, mientras crecían los cuestionamientos sobre su independencia y el manejo de sus recursos.

Sería un error suponer que todo comienza y termina con ella porque es necesario investigar a funcionarios, proveedores y a cualquier persona que haya intervenido en decisiones irregulares. El Corporativo Zeg y Cajas Graf, cuyas cuentas fueron bloqueadas en 2023 por la Unidad de Inteligencia Financiera antes de que un amparo las restituyera, tienen que estar en el centro de esa revisión. Hay que determinar si Taddei es apenas la cara visible de un problema más amplio. Su salida no puede convertirse en el cierre de una investigación: darle carpetazo al caso a cambio de una renuncia sería un insulto a la ciudadanía. El país merece saber qué ocurrió, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y qué controles fallaron. Si se acreditan actos de corrupción, deben existir sanciones. La responsabilidad pública no termina cuando se abandona el cargo.

El relevo plantea, además, un desafío inmediato: elegir una nueva presidencia durante un proceso electoral en marcha, con un instituto lastimado por las dudas sobre la imparcialidad de su conducción. Quien asuma encabezará la organización de las elecciones del próximo año. Esa responsabilidad exige independencia, capacidad y credibilidad.

La salida de Taddei, por sí sola, no garantiza un piso parejo. Me preocupa que el relevo termine siendo un desplazamiento de influencias dentro del mismo proyecto político: que salga una figura vinculada al entorno de Andrés Manuel López Obrador para que llegue otra cercana a Claudia Sheinbaum. Si eso ocurre, el cambio de presidencia solo prolongará la captura del árbitro electoral bajo una nueva conducción.

En medio de esta crisis también debemos ser precisos con los señalamientos, el INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional de calidad. Las mujeres y los hombres que lo integran sostienen buena parte del funcionamiento cotidiano de nuestra democracia: organizan, capacitan y hacen posible que los procesos electorales se lleven a cabo. No hay fundamento para responsabilizarlos colectivamente por las decisiones de la dirigencia. Mi crítica se dirige a la captura política que, desde mi perspectiva, ha avanzado con Morena en el poder, y a quienes pudieran haber utilizado sus cargos para favorecer intereses particulares. Confundir a toda la institución con su presidencia debilita precisamente las capacidades que necesitamos proteger.

Hemos llegado a un nivel alarmante de cinismo político; la concentración de poder en manos de Morena alimenta la percepción de que puede disponer del país y de sus instituciones sin contrapesos suficientes. El riesgo más grave es que quienes gobiernan se sientan protegidos incluso frente a señalamientos de corrupción y confíen en usar el aparato del Estado para inclinar la competencia electoral a su favor. Esta crisis nos obliga a repensar el diseño institucional del INE: cómo impedir su captura y cómo garantizar que sus autoridades actúen con autonomía frente al gobierno y otros poderes.

¿Cómo pedirle a mi generación que confíe en la democracia si quienes debían cuidarla la usan para beneficiar a su círculo? La confianza no se exige: se gana. Y se recupera con investigación, sanciones y un árbitro independiente. La renuncia de Taddei será insuficiente si deja intactas las condiciones que hicieron posible esta crisis. Lo que está en juego es el derecho de las y los mexicanos a contar con una autoridad electoral que responda a la ciudadanía, y el derecho de los jóvenes a heredar una democracia en la que valga la pena creer.

Salvador Navarro es politólogo e internacionalista, activista por la participación de las juventudes y consejero nacional de SOMOS.