Querido lector: hoy te comparto sobre nuestro Insurgente. Lo llamo así porque conecta Zinacantepec, en el Estado de México, con un área central de la capital: Observatorio. En aproximadamente una hora une dos valles y puede ahorrar hasta una hora y media en comparación con un viaje de dos horas y media. Para quienes somos originarios de Álvaro Obregón, esos minutos también forman parte de nuestra rutina diaria.
Sus cerca de 58 kilómetros y siete estaciones enlazan hogares, escuelas y centros laborales. Desde Observatorio se puede continuar por la Línea 1 del Metro, tomar el RTP y otras rutas de transporte público, o llegar a la Terminal Poniente para viajar fuera de la ciudad. Santa Fe y Vasco de Quiroga completan una conexión estratégica para el poniente de la capital.
La envergadura de la ingeniería merece reconocimiento: alrededor del 86 % del recorrido es elevado. Viaductos, túneles y un puente atirantado de 515 metros permiten superar desniveles y obstáculos. Sin embargo, la complejidad técnica no explica por sí sola la espera que abarcó tres gobiernos federales.
La construcción inició en julio de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con una operación anunciada para diciembre de 2017. Andrés Manuel López Obrador inauguró las etapas hacia Lerma y Santa Fe, pero dejó pendiente la conexión con Observatorio. Claudia Sheinbaum inauguró el tramo final el 2 de febrero de 2026: once años y siete meses después del inicio y más de ocho años tras la fecha prometida.
El presupuesto también escaló considerablemente. La SCT anunció inicialmente 38 mil millones de pesos; el Programa Nacional de Infraestructura contemplaba 38 mil 608 millones. Para 2018, la cifra registrada ascendía a 59 mil 216 millones. En la apertura de 2026, el Ejecutivo mencionó cerca de 100 mil millones, mientras que un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 2025 consignó 140 mil 134.8 millones como inversión total registrada. Son cifras que deben reconciliarse y no confundirse con el gasto efectivamente desembolsado.
Los retrasos tuvieron múltiples motivos: derechos de vía sin resolver, desacuerdos con comunidades y ejidatarios, amparos, bloqueos, cambios de trazo y dificultades administrativas. Una investigación académica basada en auditorías de la ASF documentó 64 convenios modificatorios para nueve contratos entre 2014 y 2021. No prueban por sí mismos corrupción, pero sí obligan a cuestionar cómo se planeó y supervisó la obra.
En 2024, el gobierno capitalino reconoció que la caída de una lanzadora y problemas sociales alteraron los calendarios hacia Observatorio. Mientras tanto, vecinos como yo experimentamos cierres, desvíos y vialidades intervenidas: el costo de una obra también se mide en los años que trastorna la vida diaria.
Nuestro Insurgente representa una oportunidad de movilidad que merece ser aprovechada. Reconocerla no anula la exigencia de cuentas claras. Una obra pública debe evaluarse por el tiempo que devuelve a las personas, por su seguridad y por la responsabilidad en el uso del dinero público. Tras tantas promesas, los vecinos merecemos que conectar territorios también signifique cumplir. La inauguración debe abrir una etapa de servicio confiable, mantenimiento adecuado y rendición de cuentas transparente.
