La tarde del miércoles 4 de noviembre, Gabriel Rivas Ríos circulaba en su automóvil por Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, acompañado de su esposa, cuando sujetos que viajaban en una motocicleta le dispararon a la cabeza. Murió en el lugar. Rivas era regidor de Morena en el ayuntamiento de la capital morelense, presidía la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad y, antes que cualquier cargo, era un luchador social con una larga trayectoria en las colonias populares del estado.
No es tarea de esta columna señalar culpables; eso corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos, que deberá informar con claridad, con rigor y sin dilaciones. Sin embargo, sí es legítimo advertir lo que salta a la vista: el crimen alcanzó precisamente a alguien cuyo oficio público consistía en hablar. Rivas denunció la proliferación de bares clandestinos, la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y lo que consideraba una infiltración del crimen organizado en el sistema de agua potable de Cuernavaca. Horas antes de morir, acudió a tribunales para impugnar una resolución favorable a desarrollos inmobiliarios que él calificaba como parte de un presunto cártel inmobiliario.
Escribo desde la cercanía porque formé parte de los jóvenes morelenses que alzamos la voz para defender La Cazahuatera, uno de los últimos espacios de selva baja caducifolia dentro de la mancha urbana de Cuernavaca: cerca de cinco hectáreas y unos 1,600 árboles nativos amenazados por Altoverde, un proyecto de seis torres residenciales. En esa defensa conocí a Gabriel Rivas Ríos. Mientras nosotros difundíamos videos y pedíamos que el predio fuera declarado Área Natural Protegida, él llevaba la misma causa al cabildo y a los tribunales, con la constancia de quien había dedicado media vida a no quedarse callado. Por eso su asesinato no me llega como una nota más, sino como la pérdida de alguien con quien compartí una causa.
Su historia con las amenazas no comenzó este año. En 2012, Amnistía Internacional emitió una acción urgente para exigir protección para él y su familia, tras recibir llamadas en las que le anunciaban la muerte; semanas después, la casa de su madre fue baleada en dos ocasiones. Personas cercanas refieren que desde marzo pasado volvieron las llamadas intimidatorias. Durante catorce años, por lo tanto, el riesgo fue conocido, documentado y denunciado. El desenlace obliga a preguntar qué hicieron las instituciones de Morelos con esa información.
Las cifras oficiales celebran una reducción de homicidios en Morelos, y sería deshonesto negarlo. Aun así, la entidad se mantiene entre las de mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el país. Ninguna estadística, no obstante, consuela a quien sabe que denunciar puede costarle la vida. La seguridad no se mide únicamente por la cantidad de muertos, sino también por la cantidad de silencios que una sociedad se ve obligada a guardar.
Ahí reside la pregunta que incumbe a todo morelense. Si un regidor visible, con trayectoria pública, respaldo de organizaciones civiles y amenazas registradas no pudo ser protegido, ¿qué margen le queda al vecino que quiere denunciar una extorsión, a la madre que exige saber quién opera en su colonia o al joven que critica en redes a quien controla su calle? El ciudadano queda atrapado entre un poder criminal que castiga la palabra y un aparato público que no logra garantizar que hablar sea seguro.
En febrero pasado, Rivas declaró a La Jornada que no tenía por qué quedarse callado. Esa frase, hoy, interpela a todo un estado. La Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y Colonias Unidas ya exigieron que el crimen no quede impune. La exigencia debe crecer, porque una sociedad que aprende a callar por miedo ya ha cedido su libertad, aunque ninguna ley se la haya arrebatado. Justicia para Gabriel Rivas Ríos.
